En desacato al fallo de la SCJN sobre educación indígena e inclusiva, el Congreso de Michoacán suma ya 26 meses.
Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán ha cumplido ya 26 meses en desacato por su omisión de legislar debidamente en materia de educación indígena e inclusiva, esto frente al fallo que emitiera en mayo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La LXXVI Legislatura local al igual que la que le antecedió, ha incumplido el mandato de la Corte para que subsane el procedimiento por el que en 2020, la LXXIV Legislatura aprobó contenidos dentro de la Ley de Educación que atañen a las comunidades indígenas y las personas con discapacidad sin consultarlas.
Además, en la referida norma se optó por condicionar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, a la suficiencia presupuestal del Estado.
Las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de las tales disposiciones, por lo que en 2022 los ministros de la SCJN determinaron que el Legislativo michoacano incurrió en ilegalidad al legislar sobre educación indígena, especial e inclusiva sin haber consultado a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad, tal y como estaba obligado a hacerlo en temas que les atañen por mandato constitucional.
La Corte dio un año al Congreso para realizar las consultas respectivas y reponer el procedimiento legislativo que se venció el 31 de mayo de 2023. Hasta la fecha la Cámara sigue sin cumplir el mandato de los ministros.
Para la actual Legislatura el desacato del Congreso no ha sido motivo de interés para los diputados, con excepción de Eréndira Isauro Hernández y Conrado Paz Torres, quienes en febrero pasado presentaron una propuesta de acuerdo para la creación de una Comisión Especial que atendiera el asunto. La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política –pese a no ser una comisión dictaminadora- en donde permanece congelada.
El objetivo de la Comisión Especial planteada por ambos legisladores es atender la Acción de Inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, sobre la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, es establecer un Plan de Trabajo calendarizado en el cual se detalle las acciones a implementar para realizar las consultas y poder así informar a la SCJN.
“El espíritu de esta propuesta de Acuerdo es establecer una Comisión Especial que tenga como objetivo el de supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por la SCJN en relación con estas acciones de inconstitucionalidad, así como dar el seguimiento a lo ya presentado ante la SCJN”.
El mandato de la Corte obliga al Congreso a consultar a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad el contenido de la referida norma, lo cual no se ha concretado, debido a que el fallo en la pasada legislatura abrió la puerta para buscar lucrar con el tema, fundamentalmente por parte del Partido del Trabajo.
El PT por presidir en la pasada Legislatura las comisiones de Educación y de Derechos Indígenas en el Congreso, consideró tener mano sobre el dinero que en Cámara se autorizó para dar cumplimiento al asunto (10 millones en 2023 y 7 millones en 2024), para lo que promovió la contratación de lo que se observaba una firma fachada para allegarse del dinero, se trataba de una consultoría de contadores públicos llamada Casavi, domiciliada en una casa de interés social en Oaxaca.
Finalmente en la Cámara se metió freno al asunto en la pasada Legislatura, por lo que el tema fue heredado a los actuales diputados que, no han evidenciado interés al respecto, por lo que el Congreso permanece en desacato frente al mandato de la Corte.
