Artículo 19 documenta la censura oficial en México, afectando la libertad de prensa y exponiendo a los periodistas a un entorno hostil, en los últimos 18 meses.
Ciudad de México.- En los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido objeto de acoso judicial, demandas por daño moral o acusaciones por violencia política de género, según el más reciente informe de la organización Artículo 19, titulado “Barreras Informativas”.
La organización advierte sobre un patrón sostenido de censura oficial en el país y un ambiente cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo.
De acuerdo con los hallazgos del informe, las agresiones contra la prensa ocurren con una frecuencia alarmante: en promedio, cada 12 a 14 horas se registra un ataque, mientras que cada tres semanas se consigna un nuevo caso de censura.
Estos datos han encendido las alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios periodísticos.
Uno de los señalamientos más contundentes del informe es la continuidad de una narrativa oficial que deslegitima el trabajo periodístico desde espacios institucionales.
“Las conferencias han sido el principal escenario para la deslegitimación de la prensa, aunque Claudia Sheinbaum ha intentado cambiar el tono de las mañaneras, la sección El detector de mentiras mantiene la lógica de desacreditar el trabajo periodístico, reproduciendo la estrategia de su predecesor”, señala el documento.
El reporte cobra particular relevancia tras el caso ocurrido en Campeche, donde un juez ordenó que el diario Tribuna de Campeche opere bajo la vigilancia de un censor oficial.
Además, el periodista Jorge Luis González Valdez fue sometido a medidas cautelares que incluyen supervisión en sus coberturas, en el marco de un proceso penal en su contra por presuntamente incitar al odio tras publicar reportajes sobre la gobernadora Layda Sansores.
Estas disposiciones han sido señaladas como mecanismos de censura por periodistas y defensores de derechos humanos.
Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, lo sucedido en Campeche representa una amenaza directa a la libertad de expresión.
En declaraciones al medio Animal Político, sostuvo: “No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”.
La organización concluye que persiste una estructura institucional que permite y a veces promueve la hostilidad hacia el periodismo, lo que ha colocado al gremio en un entorno de creciente vulnerabilidad.
